Ejecuciones estatales: nuevo récord de la pena de muerte en el Mundo

El 2024 registró el número más elevado de aplicaciones de la pena capital en el planeta en años, aunque concentrado en menos países. Hay Estados que lo utilizan como método de disciplinamiento social. El informe de Amnesty muestra que en América sólo EE.UU. lo usó.

Por Gabriel Michi

"Comerse al caníbal" es una frase que sintetiza un concepto muy profundo: cómo una respuesta a una mala actitud puede ser una forma igual o peor de contestar. Y lo que es peor es que en muchos casos quienes responden a la primera agresión se supone que se colocan en un sitial de mayor racionalidad frente a una conducta inapropiada original y hasta buscan dejar algún aprendizaje para el futuro y, en definitiva, hacen los contrario. Un supuesto acto de justicia deriva en una venganza. Y, llevado al extremo, eso puede terminar siendo en una cuestión de vida o muerte. De eso se trata, la pena capital: asesinar a un asesino (o a alguien que se presupone es un peligro para la sociedad). Esa práctica que se supone, con el avance de la Humanidad, debería irse dejando de lado. Pero que lejos de eso, aumenta. De hecho, en 2024 hubo un nuevo récord de ejecuciones en el Mundo en casi una década: más de 1.500 personas fueron ultimadas por la pena de muerte.

Según Amnistía Internacional, es la cifra más alta desde 2015 cuando hubo 1.634. Lo que sí hubo menos países que la practicaron: las ejecuciones se centraron en 15 naciones en todo el planeta. Vale aclarar que en la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Pero en casi 60 naciones todavía sigue vigente y se aplica.

El informe anual de detalla que la mayoría de las 1.518 aplicaciones de la pena capital se dieron en Oriente Medio. Sin embargo, vale aclarar que esos números no incluyen las cifras de China donde se cree que miles de personas fueron ejecutadas, pero las autoridades no brindan esa información. Lo mismo ocurre con Corea del Norte y Vietnam. En el conteo final también hay otros faltantes vinculadas a las dificultades por las crisis en Palestina (con los permanentes ataques israelíes sobre la Franja de Gaza y, en menor medida, Cisjordania) y Siria, país en guerra desde hace más de una década..  

Los casos que más impresionan son los de Irán, Arabia Saudí e Irak que juntos concentraron 1.380 ejecuciones, es decir, el 90% del total de las informadas. En el caso de Irán hubo un total de 972 aplicaciones de la pena capital (119 más que el año anterior cuando se dieron 853); en Arabia Saudí se duplicaron hasta llegar a las 345 (en 2023 hubo 172) y en Irak se cuadruplicaron al registrar 63 frente a las 16 del período precedente. El top cinco de países con más ejecuciones lo completan Yemén y la mencionada China de quien se desconocen los datos pero que sería quien encabeza la lista mundial.

El informe de Amnistía Internacional también alerta que en 2024 muchos dirigentes y autoridades utilizaron la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población, pero que en realidad esas presuntas excusas esconden otros intereses.

En Estados Unidos, él único país de toda América donde se practicaron ejecuciones, se sostuvo la tendencia de un alza constante de la aplicación de la pena de muerte que se viene incrementando desde el final de la pandemia de COVID-19. En 2024, se ejecutó a 25 prisioneros (frente a 24 de 2023). Y es probable que esa orientación se acreciente teniendo en cuenta la vuelta al poder del presidente Donald Trump, un defensor de ese instrumento de muerte para "proteger a la población de violadores violentos, asesinos y monstruos". Según AI, "su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia".  

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La organización también denuncia que en algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para "silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas".  Según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, “quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, señaló.

Y ni hablar de lo que ocurrió en Irán, país que encabezó la lista de los que más ejecutaron dentro de los registrados. De acuerdo a Amnistía, En 2024 persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que desafiaron a las autoridades iraníes. En esa lógica incluyeron a aquellos que enfrentaron al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento "Mujer, Vida y Libertad", que se despertó después del crimen de Masha Amini, la joven que murió en manos de la "Policía de la Moral" por no llevar el velo bien colocado. Dos de esas personas que participaron de las protestas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas por el levantamiento después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura.

Pero no sólo las ejecuciones por persecuciones políticas pusieron en alerta a las organizaciones humanitarias. Según AI, más del 40% de esas aplicaciones letales que se dieron en 2024 se llevaron a cabo de forma "ilícita" por delitos relacionados con drogas. "Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a 'los más graves delitos', e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito", aclara el informe de Aminstía. 

Los casos más repetidos de sentencias letales por el tema drogas se dieron Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y (aunque no están los datos oficiales) Vietnam. Y una particularidad que se nota al respecto es que esas imposiciones a la pena capital por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, sin siquiera está probado que esas ejecuciones se traduzcan en una disminución del narcotráfico. 

Pese al aumento de las ejecuciones a nivel global, que 15 países sean los únicos que las practicaron (el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo) es una buena señal. En ese sentido, AI lo grafica con algunas situaciones alentadoras: "en 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000".

Y, más allá de lo que la aplicación de la pena capital simboliza en sí misma, encima se corre el riesgo de ejecutar a personas inocentes, algo que no tiene retorno. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con el ciudadano japonés Hakamada Iwao —que pasó casi cinco décadas en el corredor de la muerte nipón— y que fue finalmente absuelto en septiembre de 2024. Algo similar ocurrió en marzo de 2025 cuando Rocky Myers —un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias en los procedimientos— fue indultado.  

Según Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, “la pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Cuando las personas damos prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena capital, realmente funciona. A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar este brutal e irreversible castigo como arma, las cosas están cambiando. Sólo es cuestión de tiempo para que el Mundo esté libre de esta figura”. Mientras tanto, cientos de personas siguen siendo ejecutadas. En una lógica (ilógica) impuesta desde los Estados que no es otra cosa que "comerse al caníbal".