Por la "cacería" desatada por el presidente Nayib Bukele que, utilizando el Estado de Excepción, ya detuvo a más de 63.000 presuntos pandilleros, muchos de ellos escapan a otros países generando verdaderos problemas de seguridad por fuera de El Salvador.
Por Gabriel Michi
Hay quienes lo identifican como el efecto "patear el hormiguero". El fenómeno de huida de quienes están dentro de ese "hormiguero" cuando las autoridades los atacan, es algo que puede tener consecuencias impensadas si no se lo prevé. La diáspora de sus habitantes se torna azarosa y caótica. Y problematiza a los territorios vecinos. Eso es lo que está ocurriendo por el polémico plan lanzado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las maras, esas bandas delincuenciales que por años atemorizaron a ese país. Desde que hace un año Bukele empezó a utilizar el "Estado de Excepción" (aprovechando la mayoría legislativa con la que cuenta y que mes a mes se la avalan) provocando detenciones masivas de presuntos pandilleros, las polémicas estallan de todos lados. No sólo por las violaciones a los Derechos Humanos y abusos que comenten las Fuerzas de Seguridad de Bukele (y los no menos cuestionados traslados de detenidos a la mayor mega cárcel de América, tal como informó MundoNews) sino también porque la dureza de esa política llevó a que muchos de los miembros de las maras huyan del país hacia otras naciones vecinas. Esa peligrosa diáspora pone en jaque la seguridad de otros países.
Así como hay sospechas -incluso del Departamento de Justicia de EE.UU.- de que el gobierno de Bukele pudo haber pactado con líderes de las maras para que escapen del país a cambio de que entreguen a sus seguidores, también cada vez aparecen más elementos que señalan que muchos pandilleros huyeron por las suyas hacia países vecinos, aprovechando la porosidad y la falta de controles en algunas fronteras de Centroamérica. Por ejemplo, hace unos días nomás se pudo detener a un peligroso miembro de la mara Salvatrucha, escondido en un ataúd, que era llevado en una camioneta a la frontera con Guatemala. En ese caso, el pandillero falló, pero ya se descubrieron a muchos otros en territorio de algún país vecino de El Salvador.
Así como la polémica política represiva llevada adelante por el gobierno hizo descender el índice de homicidios a sus mínimos históricos y llevó a que hoy goce de una popularidad de más del 80% entre los salvadoreños, eso le generó muchísimos problemas a las naciones que lo circundan. Honduras, Guatemala, así como al sur de México, debieron reforzar la seguridad fronteriza y multiplicar los operativos a raíz de este fenómeno de fuga y diáspora de los pandilleros. De hecho, en 2022 se detuvo y deportó a 115 pandilleros salvadoreños "debidamente identificados como tales" y a 12 en lo que va de año. Y esos son sólo los casos detectados. Se sospecha que son muchos más.
Según el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón, "desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo. Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad. Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños". Y continúa el funcionario guatemalteco: "Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar".
En Honduras también han detectado una creciente presencia de maras salvadoreños. A veces esos cruces de frontera se hacen con documentación falsa. Y en otras ocasiones aprovechando los "puntos ciegos" que hay en los límites geográficos entre las naciones centroamericanas. Algunos migran con un perfil muy bajo, intentado disimular su presencia en el lugar y mostrando una vida "normal" no vinculada al delito. Otros se involucran en las ramificaciones locales de las maras como, por ejemplo, la MS-13 hondureña.
Frente a eso el gobierno de Honduras también declaro el "Estado de Excepción" en gran parte del país, lo que significa la suspensión de derechos constitucionales como la "libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio".
Mientras que en Costa Rica, un país caracterizado históricamente por la baja criminalidad, han aumentado de manera escandalosa los homicidios. Y no faltan quienes sostienen que ese fenómeno tiene que ver con la mudanza de grupos delictivos desde otros países, algo que el gobierno descarta. Los números hablan por sí mismos: entre el 1 de enero y el 15 de febrero en Costa Rica hubo 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente. Ya en 2022, en el país se batieron todos los récord en materia delictiva.
Sin embargo, se niegan a utilizar esas políticas represiva que sí se dan en El Salvador. "¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un Estado de Excepción", señaló el presidente Rodrigo Chaves. Y continuó: "Además, no tengo en claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo".
Así como Costa Rica y Panamá descartan tener más presencia de pandilleros huidos de El Salvador porque ambos países están más al Sur y se supone que ellos buscan escapar al Norte, para llevar sus "negocios" y violencia más cerca de EE.UU., ese panorama complica a México. Por eso en Chiapas (Estado limítrofe con Guatemala) debieron crear una fuerza especial antipandillas y pedir un refuerzo de 350 soldados adicionales.
En los últimos tiempos en poblaciones mexicanas cercanas a la frontera sur se multiplicaron los intentos de extorsión (por ejemplo a los transportes) de grupos que las autoridades vinculan con las maras centroamericanas. De hecho, tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos. Aunque la Mara Salvatrucha hace años que hizo pie en territorio azteca (y hay un capítulo local conocido como "Programa México"), en los últimos tiempos su presencia parece haberse incrementado. Lo mismo ocurre -aunque en menor medida- con la otra gran mara salvadoreña, Barrio 18.
En Chiapas desde octubre ya se abrieron 122 expedientes contra presuntos miembros de ambos grupos criminales. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador. Es más, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y se abrieron siete expedientes por delitos como portación de armas, narcomenudeo y "pandillerismo", según las autoridades judiciales.
Para el fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, "viene gente escondiéndose de eso (la persecución de Bukele), pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá". Aunque, según los expertos, en la mayoría de los casos están de paso, intentando llegar a la frontera con EE.UU., el país desde donde -paradójicamente- nació el germen de las maras allá por 1982 cuando el entonces presidente Ronald Reagan quiso "limpiar" de delitos las calles de Los Ángeles (por la inminencia de los Juegos Olímpicos de 1984) y deportó a centenares de jóvenes centroamericanos a los que consideraba como responsables de la inseguridad y las drogas. Sin futuro y sin familias, con un desarraigo sin igual, estos grupos comenzaron a formar lo que luego serían las maras. Y hoy la parábola parece reconducirlos a ese destino.
Como cuando se patea un hormiguero y las hormigas salen disparadas caótica y azarosamente para cualquier lado, eso estaría ocurriendo hoy con las maras. La polémica política represiva de Nayib Bukele parece haber generado una huida masiva de aquellos integrantes de estas bandas criminales que pudieron evitar las detenciones. Y hoy se convirtieron en un fenómeno que pone en jaque a los vecinos. En una peligrosa diáspora.
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