El 30% de los 720 legisladores del Parlamento de la UE cobra pagos paralelos de grupos de presión que se suman a sus sueldos de 124.000 euros y dietas por más de 100.000. En particular, perciben ese dinero de sectores agrícolas y automotrices. ¿Conflicto de intereses?
Por Gabriel Michi
Están allí en representación de los ciudadanos de sus respectivos países. En defensa de los intereses colectivos y mayoritarios. Para legislar en pos del bien común y contra cualquier privilegio que signifique desigualdades frente al derecho de todos. Al menos, eso es lo que se piensa. O lo que debería ser. Sin embargo, casi dos de cada tres diputados del Parlamento Europeo reciben sobresueldos de grupos de presión que pugnan por sus propios intereses particulares y sectoriales. Así surge de una investigación realizada por Transparencia Internacional según la cual el 30% de los 720 eurodiputados (de 27 países) que integran la Eurocámara son beneficiarios de esos pagos realizados por grandes lobbies, en especial de los sectores agrícolas y automotrices, sobre los que esos diputados deben legislar. Lo que a los ojos de muchos representa un verdadero conflicto de intereses.
Pareciera que no les alcanzan sus abultados salarios como legisladores (124.000 euros) ni el dinero que reciben en "dietas para gastos" (59.400 euros) y "dietas de asistencia" (52.800 euros). Según la investigación de TI, ese 30% de eurodiputados perciben en conjunto unos ingresos paralelos de más de 6,3 millones de euros al año, más allá de sus salarios formales. ¿Cómo operan? Esos eurodiputados trabajan para grupos de presión -por ejemplo, agrícolas- en consultorías de "automoción" y para grandes empresas financieras vinculadas a distintas actividades. Para expertos en administración pública -y también para el sentido común- eso desdibuja lo que debería ser una frontera infranqueable entre los intereses públicos (los únicos que tendrían que proteger los representantes del pueblo) y los privados. Lo que visto desde esa manera representaría un gravísimo conflicto de intereses.
En la lista elaborada por Transparecia Internacional el que encabeza la nómina es Gheorghe Piperea (Rumanía/Conservadores y Reformistas Europeos), que recibe unos 657.000 euros al año en concepto de ingresos externos, principalmente del bufete de abogados que fundó, según describe el informe. En esa nómina le sigue el médico francés Laurent Castillo y el italiano Roberto Vannacci, cuyo libro político 'Il Mondo Al Contrario' (2023) tuvo un éxito sorprendente y resultó ser un fenomenal negocio. "Es indispensable mantener un vínculo sobre el terreno, no ser un representante desconectado", dijo Castillo a Euronews en una declaración enviada por correo electrónico. Y agregó: "No hay conflicto entre la lucha por una mejor política sanitaria en el Parlamento y su ambición de toda la vida de cuidar a los demás como médico".
Otro ejemplo citado por el informe es el de Stefan Köhler (Alemania/Partido Popular Europeo) y Christine Singer (Alemania/Renovación), que ganan miles de euros al mes de la Asociación de Agricultores de Baviera, que representa los intereses regionales de la agricultura y la silvicultura, siendo que estos mismos legisladores forman parte de las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento. O el caso de Filip Turek (Czechia/Patriots) quien declara tener unos ingresos extras de 10.000 euros al mes como consultor autónomo en la industria automovilística. Son bastante frecuentes sus intervenciones en el Europarlamento sobre esos intereses.
También se expuso el ejemplo de Monika Hohlmeier (Alemania/PPE), quien gana unos 75.000 euros extras al año por su trabajo para la multinacional de la agricultura y la energía BayWa. Ella se defendió diciendo que los eurodiputados "no sólo deben ser activos en la torre de marfil política", sino comprometerse con la empresa y la sociedad. Otros también abonan a la idea de que no hay conflicto de intereses con sus responsabilidades legislativas. Ese es el caso de Charles Goerens (Luxemburgo/Renew Europe) quien recibe 43.000 euros como administrador independiente en Foyer Finance, que interviene en empresas de inversión y seguros, pero que según el legislador no le generan contradicciones porque forma parte de comisiones parlamentarias que se ocupan de agricultura y asuntos constitucionales, y no de la regulación del sector financiero. "No hay la menor interferencia. De lo contrario habría interrumpido mi actividad".
En un informe de mayo pasado, la lista elaborada por Transparencia Internacional la encabezó el eurodiputado lituano Viktor Uspaskich, quien recibía unos ingresos anuales extras de 3 millones de euros de parte de una empresa con importantes intereses comerciales rusos. Uspaskich dejó de ser diputado europeo tras las elecciones de junio pasado.
Desde el punto de vista legal, los eurodiputados pueden tener trabajos externos, pero deben declararlos públicamente, algo en lo que se avanzó después del mega escándalo surgido por el llamado "Qatargate", en el que se denunció que la eurodiputada griega Eva Kaili y otras tres personas habrían aceptado sobornos de Qatar para influir en la formulación de las políticas de la Unión Europea que favorezcan a ese país. Más allá de cuáles sean los montos extras que reciban los legisladores, lo que preocupa es cómo eso puede influir en su misión y trastocar el rol de defensa de lo colectivo que deberían representar.
Según el responsable político de Transparencia Internacional, Raphaël Kergueno, "los eurodiputados no tienen derecho a ejercer actividades remuneradas de lobby", Aunque aclaró que la imprecisión que tiene la norma "deja a la discreción de cada político decir si hay o no conflicto de intereses". Un verdadero despropósito si al final el propio involucrado es el que debe decidir y juzgar si lo que le proponen es correcto o no. Para Kergueno los argumentos que utilizan esos eurodiputados para justificar su doble tarea y marcar que no hay conflicto de intereses no son muy convincentes, aun cuando no integren las comisiones en cuestión. ¿Por qué? Porque un eurodiputado puede presentar preguntas sobre un tema determinado, o tratar de influir en sus colegas, aunque no esté directamente implicado en los trabajos de la comisión correspondiente. Por eso habría que tener un reglamento interno mucho más fuerte, explícito y restrictivo, según su mirada. Pero más allá de lo que establezca la normativa y los huecos interpretativos que pueda dejar, hay una discusión de fondo que tiene que ver con un posible conflicto de intereses. Por lo menos desde el sentido común. Que, como se sabe, muchas veces parece ser el menos común de los sentidos.
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