El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió un polémico video que parecía una película: en él se trasladaban a miles de pandilleros presos a una mega prisión -la más grande de América- "donde permanecerán el resto de sus vidas". Con esta guerra contra las maras, el mandatario logró un 85% de popularidad porque bajaron casi a cero los homicidios. Sin embargo, hay denuncias de violaciones a los DDHH y sospechas de pactos con los jefes.
Por Gabriel Michi
Las imágenes parecían extraídas de una película. Irreal. Exagerada. Sin embargo forman parte de una controvertida realidad. La máxima autoridad de El Salvador (y máximo responsable de lo que se veía) fue quien le dio difusión, incluso con un video musicalizado. Nayib Bukele se siente orgulloso de lo que hizo. Y promete ir por más. El presidente salvadoreño mostró cómo fue el megaoperativo de traslado de 2.000 pandilleros presos a la cárcel de máxima seguridad (la más grande de toda América) que construyó especialmente para recluir ahí a las maras que hace años dominaban las calles de su país y que ahora están en jaque. O, al menos, eso es lo que parece.
La masiva mudanza a la cárcel con capacidad para 60.000 reclusos es el corolario de un fenómeno que tiene su historia. Allí llevarán al 60% de los 63.000 presuntos integrantes de las maras que fueron detenidos en los últimos 11 meses desde que el gobierno de Bukele -con el aval Congreso donde tiene mayoría- impuso el "Estado de Excepción" que significa, ni más ni menos, que una resignación total de los derechos individuales. Por ejemplo, los policías pueden detener personas sin orden judicial y sin siquiera decirle porque lo arrestan; se extendió el tiempo de la prisión preventiva de 72 horas a 15 días y eso ocurre sin asistencia de un abogado defensor; entre muchos otros aspectos. En ese contexto comenzó una verdadera "razzia" y arrestos masivos, en los que no faltaron la privación ilegítima de la libertad a personas inocentes, que luego debieron ser liberadas. Como tampoco denuncias de torturas y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos.
Pese a eso, Nayib Bukele lejos de poner un freno, acelera. Y es que, desde que comenzaron estas detenciones masivas los indices delictivos en El Salvador cayeron precipitadamente. En especial, la tasa de homicidios, que era muy elevada. Y, en paralelo, la imagen del presidente salvadoreño se disparo, ganando una popularidad del 85% de la población. Y eso generó todo tipo de debate y una puja más que evidente entre DDHH y seguridad. El tema es que, más allá de que los indices delictivos bajen, ¿es seguro vivir en un país donde el Estado es capaz de llevarse todos los derechos por delante?
Pero las sombras sobre este proceso que es aplaudido por amplios sectores se extienden más allá de las presuntas violaciones a los Derechos Humanos. Hay muchas dudas sobre cómo se llegó a esta situación. Porque desde fines de marzo de 2022, cuando Bukele empezó a echar mano al "Estado de Excepción" -y que fue renovando mes a mes en este tiempo- empezaron a emerger las sospechas de ciertos acuerdos del gobierno con los líderes de las maras (tanto la Mara Salvatrucha -MS-13- como Mara Barrio 18) antes y después de haber tomado esa decisión. Es más, hay quienes creen que algunos jefes de esas megapandillas habrían logrado zafar de ser detenidos o logrado escapar llamativamente de las cárceles con la anuencia de las autoridades -incluso salir del país-, con tal de "pacificar" las calles y en todo caso "entregar a sus soldados".
Las acusaciones incluso van más allá: señalan que incluso antes de la imposición del "Estado de Excepción" ya había un acuerdo con los líderes de las maras que habían llevado a una reducción sustancial de los homicidios. Pero que algo pasó en ese marzo del 2022 en que el pacto parece haberse roto y en menos de 72 horas hubo una matanza de más de 80 personas, que nada tenían que ver con las maras. Y, a partir de allí, de esa masacre, Bukele decidió el "Estado de Excepción".
Estas sospechas de acuerdos entre el gobierno y los líderes pandilleros ya cruzó las fronteras. De hecho, tal como informa el excelente sitio periodístico Elfaro- "el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera demostrado que el gobierno de Nayib Bukele negoció en secreto desde 2019 con la Mara Salvatrucha-13, y que ofreció a los principales líderes de la pandilla beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones municipales y legislativas de 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo de 2022" . Fue allí donde ocurrió la mencionada matanza de más de 80 personas en 72 horas que arrojó todos los presuntos pactos por el aire.
Y continúa ElFaro: "Así consta en un acta de acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra trece cabecillas salvadoreños de la MS-13 bajo cargos de crimen organizado, conspiración para cometer actos de terrorismo en Estados Unidos y narcoterrorismo. En documento oficial, de 42 páginas, fue entregado a un juez el 22 de septiembre de 2022, pero se mantuvo bajo reserva durante cinco meses, hasta el pasado jueves 23 de febrero". La sospecha de EE.UU. es que también el gobierno de Bukele habría protegido a pandilleros que ellos buscaban por graves crímenes en su país.
Como se ve, aquellas cinematográficas imágenes que Nayib Bukele difundió sobre los traslados de presos, que tienen mucho de marketing pero también de realidad, encierra una gigantesca controversia, implícita y explícita . Una realidad que se construye en base a cosas que se ocultan, que se esconden y o se disfrazan de otra cosa. Es cierto que el bajar el índice delictivo -en base a esta política durísima contra las maras- le valieron al Presidente salvadoreño tener una popularidad impensada en su país. Pero la pregunta es a qué precio. Y si el fin justifica los medios.
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