El gobierno británico logró que el Parlamento le dé el OK a su iniciativa para conducir a la fuerza a ese país africano a todo aquel que ingrese irregularmente por el Canal de la Mancha.
Por Gabriel Michi
Hay veces que los países más desarrollados económicamente no parece estar a la misma altura en materia humanitaria. Que todo lo que genera admiración y seduce a los habitantes de otros lugares, termina tirándose por la borda con decisiones, como mínimo, polémicas. Y eso es lo que parece estar ocurriendo con uno de los destinos de Europa más elegidos por los migrantes: el Reino Unido avanza en su polémico plan para trasladar forzosamente a Ruanda a solicitantes de asilo que crucen irregularmente el Canal de la Mancha. Así, sin medias tintas. Una deportación a ese país africano -a 6.500 kilómetros de distancia- de ciudadanos que pueden provenir de muchísimos otros lugares. Y que seguramente llegaron a territorio del Reino Unido después a atravesar verdaderas odiseas que pusieron al límite a sus vidas, con el único sueño de tener una vida aunque sea un poco mejor.
Las autoridades británicas dicen que con este proyecto van a combatir la inmigración ilegal y las bandas delictivas que lucran con eso. La iniciativa comenzó su camino durante el gobierno de Boris Johnson y ahora está muy cerca de concretarse con el primer ministro Rishi Sunak -descendiente de inmigrantes indios- quien defendió la medida señalando que es un “cambio fundamental” en el enfoque global sobre la migración, pues “disuadirá a personas vulnerables” de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones a través del peligroso Canal de la Mancha.
Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó esta semana una ley que declara al país centroafricano como “seguro” para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado en forma irregular a las islas británicas. Así la polémica iniciativa sorteó el último obstáculo para ponerse en marcha. Tanto la oposición, como activistas de Derechos Humanos y hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU) han criticado el plan, por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio. Además de recordar en Ruanda hace justo tres décadas hubo un genocidio y su calidad democrática es muy cuestionada por distintas organizaciones internacionales.
El llamado "Plan Ruanda" tiene hasta un efecto retroactivo porque prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado vía aérea a ese país africano y allí esperar el procesamiento de sus solicitudes de refugio. Si son aprobadas, se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano. Pero a quienes se les rechace, podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro "tercer país seguro". Pero el plan es tan duro que ninguno de los deportados podrá volver a Reino Unido, bajo ningún concepto.
Para darle marco a esta iniciativa, los gobiernos británico y ruandés firmaron un acuerdo a mediados de 2022. En el convenio el Reino Unido se comprometió a entregarle a Ruanda unos US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes. Pese a que ya pasaron casi dos años de aquella firma, el proyecto se enfrentó a una serie de obstáculos como, por ejemplo, una serie de dictámenes en contra de la Justicia europea y una feroz batalla legal dentro de Reino Unido que terminó en la Corte Suprema que frenó durante todo este tiempo el plan. Por eso fue que el gobierno de Sunak decidió recurrir a la vía parlamentaria, para convertir en ley al "Plan Ruanda" y así blindarlo jurídicamente. En ese aspecto fue clave que se pudiera declarar a ese país africano como “seguro” para recibir a los deportados y, con eso, cerrarle las puertas a los jueces británicos para bloquear los traslados.
Según Sunak, el "Plan Ruanda" servirá para “disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan.
(El plan) dejará muy claro que si vienes ilegalmente, no podrás quedarte”. El cálculo es que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el Reino Unido podrían ser deportados en los próximos cinco años. Ese es el tiempo que, en principio, estará vigente el acuerdo con Ruanda.
Entre las voces que se alzaron contra este polémico plan figuran las de los altos comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos, Filippo Grandi y Volker Turk, respectivamente, que pidieron a las autoridades británicas que “reconsideren” la iniciativa y que adopten “medidas prácticas” para abordar los “flujos irregulares de refugiados y migrantes”. Grandi sostuvo que “la nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados”. En tanto, Turk denunció que el plan británico “socava gravemente el Estado de Derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global porque deriva su responsabilidad ante los refugiados y reduce la capacidad de los tribunales británicos para analizar las decisiones de expulsión”.
Vale decir que el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados apunta que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Pero las críticas al gobierno de Sunak no vinieron sólo del Exterior. Hacia adentro de su país también hubo voces de repudio. Y eso no sólo ocurrió de parte de la oposición y de las organizaciones de Derechos Humanos, sino que también han surgido de las filas conservadoras de su propio partido y hasta de la Casa Real. Ya en 2002 la ex primera ministra Theresa May había expresado: “No apoyo este plan por razones legales, éticas y de practicidad”. Y el rey Carlos III, cuando aún no había ascendido al trono, calificó de "pésima" la iniciativa. Allí surge un dato clave: para entrar en vigor la ley que blinda el "Plan Ruanda" debe ser firmada por el monarca. Y si bien la idea le pareció "pésima" el rey no suele contradecir las decisiones del Parlamento.
Con la aprobación del Congreso ya concretada, las deportaciones a Ruanda se iniciarían a partir del mes de julio. Pero el polémico proyecto no terminaría aquí: según el diario londinense "The Times" el Reino Unido habría propuesto iniciativas similares a los gobiernos de Botswana, Costa de Marfil, Costa Rica y Armenia. Esta información fue confirmada por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, quien descartó la posibilidad de que su país acepte acoger solicitantes de asilo: “Informamos a Reino Unido que Costa Rica no recibirá inmigrantes extranjeros”, escribió en X.
La información publicada por "The Times" fue aún más allá: después de acceder a documentos confidenciales, denunció que funcionarios británicos también contactaron a autoridades de varios países sudamericanos, incluidos Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia. Pero en los mismos documentos se señala que las posibilidades que esas naciones acepten un acuerdo similar al de Ruanda son casi inexistentes. Es así como los "Acuerdos de Procesamiento de Asilo en Terceros Países" (TCAP, por sus siglas en inglés) parecen por ahora sólo centrarse en la nación centroafricana. "The Times" también asegura que ofrecimientos similares se habrían hecho a otras naciones africanas como Cabo Verde, Senegal, Tanzania y Sierra Leona.
Si bien cuando asumió el poder el primer ministro Sunak defendió la postura del Partido Conservador en cuanto al combate contra la inmigración ilegal, la realidad lo superó: en los primeros tres meses del año más 6.265 indocumentados llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, una cifra que es un 24% superior a la registrada en el mismo período de 2023 cuando se contabilizaron 5.049. Frente a ese escenario es que el premier confirmó que la Marina británica (Royal Navy) se enfocaría en el control de las aguas del Canal de la Mancha para impedir que botes ilegales con migrantes que parten de las costas francesas puedan llegar hasta la costa del sureste inglés. Son miles las personas que cada día intentan cruzar (por tierra, mar y aire) desde el campamento de Calais en Francia hacia Reino Unido. Y es en ese escenario explosivo en el que el gobierno británico no encontró mejor salida que la de agregarle más vulnerabilidad a los más vulnerables, deportándolos a 6.500 kilómetros de distancia. A Ruanda, un país del que quizás no conozcan ni su existencia. Sin importar de donde vengan. Y prohibiéndoles regresar a su territorio. Una actitud que parece muy lejana a la humanidad que debería demostrar un país que se dicen del Primer Mundo.
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